El expresidente de Honduras es extraditado a EE. UU. para enfrentar las acusaciones de narcotráfico

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos el jueves y se espera que comparezca en un tribunal de Nueva York para enfrentar cargos y acusaciones de participar por décadas en el tráfico de drogas con el fin de avanzar en su carrera política.

Cerca de la 1:20 p. m., un avión de la DEA llegó al Aeropuerto Internacional Toncontín en la capital, Tegucigalpa, y casi una hora después, el ministro de Defensa de Honduras dijo que Hernández había sido entregado.

Una acusación federal que se divulgó el jueves por la noche en Manhattan afirma que durante las últimas dos décadas, Hernández “participó en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas para facilitar la importación de toneladas de cocaína a Estados Unidos”.

La acusación sostiene que Hernández recibió millones de dólares de numerosas organizaciones del narcotráfico en Honduras, México y otros lugares, incluso del exlíder del Cártel de Sinaloa, el narcotraficante mexicano conocido como el Chapo.

Hernández usó las ganancias del tráfico de drogas para “enriquecerse, financiar sus campañas políticas y cometer fraude electoral”, incluso en las elecciones presidenciales de Honduras de 2013 y 2017, señala el documento.

Hernández dejó el cargo en enero tras completar los dos mandatos presidenciales permitidos por la ley. Poco después fue detenido en su casa de Tegucigalpa, lo que derivó en un intento infructuoso de sus abogados para bloquear la solicitud de extradición del gobierno estadounidense.

En la noche del 14 de febrero, apenas unos minutos después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores hondureña dijera que había recibido la solicitud de extradición, vehículos policiales rodearon la casa de Hernández, quien, a la mañana siguiente, fue escoltado con grilletes y un chaleco antibalas.

“Estoy listo para llegar a presentarme voluntariamente y defenderme de acuerdo a la ley”, dijo en una publicación en Facebook esa mañana. Hernández lleva mucho tiempo negando enérgicamente que haya tenido algún papel en el tráfico de drogas.

El mes pasado, un juez hondureño dictaminó que Hernández debía ser extraditado a Estados Unidos, y su apelación ante la Corte Suprema del país no tuvo éxito.

El jueves, unos 100 policías escoltaron a Hernández hasta el helicóptero que lo llevó a una base militar ubicada al lado del aeropuerto de Toncontín. Lucía una gorra, un chaleco azul, una mascarilla y estaba esposado.

Mientras el helicóptero despegaba, se escucharon fuertes detonaciones de pólvora por toda la ciudad, mientras miles de personas celebraban la extradición del expresidente.

“Se hizo justicia”, dijo Wendy Sierra, de 22 años, estudiante de biología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. “Aquí nos dejó pobres, robó todo y favoreció a los narcos, y nadie lo tocó nunca. Pero con los gringos no se puede jugar”.

Las acusaciones se han cernido durante años sobre Hernández, ya que la fiscalía de Estados Unidos en Manhattan y la Administración de Control de Drogas realizaron una investigación de gran alcance sobre el narcotráfico que puso al descubierto la corrupción en los niveles más altos de Honduras. Este país de 10 millones de habitantes se ha convertido en una puerta de entrada para enormes cantidades de cocaína que se mueven a través de México y hacia Estados Unidos.

En dos juicios federales celebrados recientemente en Manhattan, los testimonios situaron a Hernández en el centro de una operación de narcotráfico que contaba con miembros del ejército hondureño y de la policía nacional, enviaba toneladas de cocaína a Estados Unidos y generaba millones de dólares en ganancias que se utilizaban a favor de las campañas del Partido Nacional de Hernández en las elecciones.

Hernández, junto con su hermano, Tony Hernández, un exdiputado hondureño, “desempeñó un papel de liderazgo en una violenta conspiración de tráfico de drogas patrocinada por el Estado”, dijeron los fiscales en una presentación judicial de 2021.

La nueva acusación implica a Juan Orlando Hernández en la importación de cocaína, además de acusarlo de fraguar una conspiración para adquirir ametralladoras y artefactos destructivos.

En 2019, Tony Hernández fue declarado culpable de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y otros cargos y fue condenado a cadena perpetua.

El año pasado, en el juicio de un hondureño que fue condenado por cargos de conspiración y posesión de armas, un contador testificó que escuchó a Hernández, cuando era candidato presidencial en 2013, decir que eliminaría el tratado de extradición de su país con Estados Unidos, haciendo que sus asociados fueran “intocables”.

Según el testimonio, Hernández también dijo: “Vamos a meter la droga en las narices de los gringos, y nunca se van a enterar”.

Durante el gobierno del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, incluso mientras Hernández estaba bajo investigación, fue tratado como un aliado en temas de inmigración y seguridad. En septiembre de 2019, después de que aceptara un acuerdo que permitía que Estados Unidos obligara a algunos migrantes a pedir asilo en Honduras, Hernández se ganó un apretón de manos de Trump durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Kevin K. McAleenan, quien en ese entonces era el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo en un tuit que Hernández era un “socio fuerte” que estaba trabajando para “combatir la migración irregular y las organizaciones criminales transnacionales”.

Aunque es inusual que el ex jefe de Estado de otro país sea extraditado a Estados Unidos para ser procesado, no es algo sin precedentes. En 2013, Alfonso Portillo, presidente de Guatemala entre 2000 y 2004, fue trasladado a Manhattan para ser procesado, donde se declaró culpable en un caso de lavado de dinero y fue condenado a casi seis años de prisión.

Hernández tampoco es el primer expresidente hondureño en ser procesado en Nueva York.

Rafael Callejas, quien ocupó el cargo entre 1990 y 1994, se entregó a las autoridades estadounidenses en 2015, poco después de ser acusado en un amplio caso de corrupción que implicaba a la FIFA, el organismo rector del fútbol internacional. Callejas se declaró culpable en un tribunal federal de Brooklyn de cargos de conspiración de fraude electrónico y conspiración de chantaje; murió en 2020 antes de poder ser sentenciado.

Benjamin Weiser reporteó desde Nueva York y Joan Suazo, desde Tegucigalpa, Honduras.

Benjamin Weiser es un reportero que cubre los tribunales federales de Manhattan. Ha cubierto durante mucho tiempo la justicia penal, tanto como reportero de investigación como periodista. Antes de unirse al Times en 1997, trabajó en The Washington Post. @BenWeiserNYT