Cinco claves de la Ley de Chips de EE. UU.

El 28 de febrero, el gobierno de Joe Biden anunció las reglas de “Chips para Estados Unidos”, un programa que busca fortalecer la investigación y fabricación de semiconductores en el país, con lo cual inicia una nueva avalancha de financiamiento federal en el sector.

El Departamento de Comercio tiene 50.000 millones de dólares para repartir bajo la modalidad de financiamiento directo, préstamos federales y garantías de préstamos. Es una de las mayores inversiones federales en una sola industria en décadas y enfatiza la profunda preocupación de Washington por la dependencia que tiene Estados Unidos de los chips extranjeros.

Debido al enorme costo de construir instalaciones de semiconductores muy avanzados, el financiamiento podría llegar rápido y la competencia por el dinero ha sido intensa.

A continuación, analizamos los aspectos más importantes de la Ley de Chips y Ciencia, sus objetivos y su funcionamiento.

Financiamiento de la producción e investigación de chips

La mayor parte del dinero —39.000 millones de dólares— se destinará al financiamiento de la construcción y ampliación de las instalaciones de fabricación. Otros 11.000 millones se distribuirán este mismo año para respaldar la investigación de nuevas tecnologías de chips.

Es probable que gran parte del dinero para la fabricación llegue a unas pocas empresas que producen los semiconductores más avanzados del mundo —entre ellas Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), Samsung Electronics, Micron Technology y, tal vez en el futuro, Intel— para ayudarles a construir instalaciones en Estados Unidos.

Una parte se destinará a los fabricantes de chips más antiguos que siguen siendo esenciales para los automóviles, los electrodomésticos y las armas, así como a proveedores de materias primas para la industria y las empresas que empacan los chips dentro de sus productos finales.

Aunque algunos críticos han cuestionado la sensatez de otorgar subsidios a una industria rentable, los ejecutivos de las empresas de semiconductores arguyen que tienen pocos incentivos para invertir en Estados Unidos, debido a las inversiones de mano de obra y los altos costos de funcionamiento de las fábricas.

El gobierno no tiene planes para financiar proyectos enteros. Según funcionarios del gobierno de Biden, planean ofrecer subsidios de entre el 5 y el 15 por ciento de los gastos de capital de una empresa para un proyecto, sin que el financiamiento supere el 35 por ciento del costo. Las empresas también pueden solicitar un crédito fiscal que les rembolse el 25 por ciento de la construcción del proyecto.

Limitar la dependencia del extranjero

Gina Raimondo, secretaria de Comercio, describe el programa como una de las iniciativas de seguridad nacional más importantes.

Aunque Estados Unidos sigue siendo líder en el diseño de chips, la mayor parte de la fabricación se ha enviado al extranjero. En la actualidad, más del 90 por ciento de los chips con tecnología más avanzada, cruciales para el ejército y la economía estadounidenses, se producen en Taiwán. Esto ha generado preocupación por la vulnerabilidad del suministro, debido a la agresividad de China hacia Taiwán y la posibilidad de una invasión militar a la isla.

Al mismo tiempo, China ha aumentado su participación en el mercado de los chips menos avanzados que siguen siendo fundamentales para los automóviles, aparatos electrónicos y otros productos. Estados Unidos fabrica el 12 por ciento de los chips, aunque ninguno de los más avanzados del mundo.

Durante la pandemia, la escasez de chips obligó a las fábricas a interrumpir el trabajo y puso de manifiesto de manera tangible cuán vulnerable es la cadena de suministro a las interrupciones. En solo tres ocasiones del año pasado, los trabajadores de las fábricas de Ford Motor en Míchigan e Indiana trabajaron una semana completa debido a la escasez de chips, mencionó Raimondo en un discurso en la Universidad de Georgetown la semana pasada. Esa situacion generó una escasez de automóviles y elevó sus precios, lo que impulsó la inflación.

Según el Departamento de Comercio, el programa también les brindará una fuente nacional de los chips más avanzados del mundo al Departamento de Defensa y a la comunidad de seguridad nacional.

Construcción de centros de chips

Según Raimondo, la meta es construir al menos dos centros de fabricación en Estados Unidos con el fin de producir los tipos más avanzados de chips lógicos, así como instalaciones para otros tipos de chips y complejas redes de suministro para respaldarlos.

Los funcionarios del Departamento de Comercio se han negado a especular sobre dónde podrían estar ubicadas estas instalaciones, bajo el argumento de que deben revisar las solicitudes. Sin embargo, los fabricantes ya han anunciado miles de millones de dólares en planes de nuevas inversiones en todo Estados Unidos.

TSMC, empresa que produce la mayoría de los chips más avanzados del mundo, ha estado muy ocupada expandiéndose en Arizona, mientras que Samsung, la segunda empresa productora, está creciendo en Texas. Micron, que fabrica avanzados chips de memoria, ha anunciado grandes planes de expansión en Nueva York. E Intel, un gigante tecnológico estadounidense que está realizando grandes inversiones para tener una ventaja tecnológica, ha comenzado a construir un “megasitio” en Ohio.

Raimondo dice que la idea es que Estados Unidos vuelva a tener una posición de liderazgo en tecnología de semiconductores, hasta el punto de que todas las grandes empresas mundiales de chips quieran tener instalaciones de investigación y fabricación en el país.

No obstante, hay escepticismo en torno a lo que puede lograr el programa. Por ejemplo, un estudio de 2020 encontró que una inversión de 50.000 millones de dólares en el sector tan solo aumentaría hasta un 14 por ciento la participación de Estados Unidos en el mercado.

Proteger los fondos de los contribuyentes

El gobierno de Biden está arriesgando mucho para demostrar que esta incursión en la política industrial puede funcionar. Los críticos sostienen que el gobierno federal tal vez no sea el mejor juez de ganadores y perdedores. Si el gobierno se equivoca, podría enfrentar duras críticas.

El Departamento de Comercio señaló que iba a examinar de cerca a las empresas que solicitaran financiamiento, para intentar garantizar que no se les diera más dinero de los contribuyentes del necesario.

En una decisión que podría molestar a algunas empresas, el departamento afirmó que los proyectos que reciban subsidios tendrán que compartir una parte de las ganancias imprevistas con el fin de garantizar que las empresas den proyecciones financieras exactas y no exageren los costos para obtener mayores subsidios.

El Departamento de Comercio también mencionó que repartirá el financiamiento con el tiempo conforme las empresas alcancen los hitos de los proyectos y que le dará preferencia a las que se comprometan a abstenerse de recomprar acciones, lo cual suele enriquecer a los accionistas y a los ejecutivos de las empresas al aumentar el precio de las acciones.

Las empresas también tienen prohibido realizar nuevas inversiones de alta tecnología en China u otros “países de interés” durante al menos una década, para hacer lo posible por garantizar que el dinero de los contribuyentes no se destine a financiar nuevas operaciones en China.

Sin embargo, según los analistas, está por ver cuán difícil será hacer cumplir estas disposiciones. Las finanzas de las empresas pueden ser opacas y, cuando una compañía ahorra un dólar en Estados Unidos, tal vez decida invertirlo en otro lugar.

Condiciones importantes para ayudar a los trabajadores

El programa también incluye algunos requisitos ambiciosos e inusuales destinados a beneficiar a las personas que trabajarán en las instalaciones de semiconductores.

Por ejemplo, el departamento exigirá a las empresas que soliciten ayudas por valor de 150 millones de dólares o más que garanticen un servicio de guardería asequible y de alta calidad para los trabajadores y obreros de las plantas. Esto podría incluir la construcción de guarderías de empresa cerca de los lugares de construcción o de las nuevas plantas, el pago a proveedores locales de guarderías para que añadan capacidad a un precio asequible o la subvención directa de los costos de cuidado de los trabajadores. Raimondo ha dicho que el cuidado de los niños atraerá a más personas a la fuerza de trabajo, porque muchas empresas experimentan dificultades en un mercado de trabajo limitado.

Los solicitantes también deberán detallar su compromiso con los sindicatos, las escuelas y los programas de formación de la mano de obra, dando preferencia a los proyectos que beneficien a las comunidades y a los trabajadores.

Otras disposiciones animarán a empresas, universidades y otros sectores a ofrecer más formación a los trabajadores, tanto en ciencias avanzadas como en oficios como la soldadura. El departamento dijo que le dará preferencia a los proyectos para los que los gobiernos estatales y locales ofrezcan incentivos con beneficios “indirectos” para las comunidades, como la formación de la mano de obra, la inversión en educación o la construcción de infraestructuras.

Esta medida forma parte de la política económica “centrada en el trabajador” del gobierno de Biden, que pretende usar el poder del gobierno federal en beneficio de los trabajadores. Pero algunos críticos afirman que podría poner en peligro el objetivo del programa de construir las fábricas de semiconductores más avanzadas, si añade costos excesivos a los nuevos proyectos.

Ana Swanson está adscrita a la corresponsalía en Washington y cubre comercio y economía internacional para el Times. Antes trabajó en The Washington Post, donde escribía sobre el comercio, la Reserva Federal y la economía. @AnaSwanson