Guatemala va contra el ministro de Defensa de Colombia en su ofensiva contra las fuerzas anticorrupción

Mientras las autoridades guatemaltecas intensifican una ofensiva metódica que lleva años contra los funcionarios encargados de erradicar la corrupción gubernamental en el país, el gobierno anunció la semana pasada que estaba investigando al ministro de Defensa de Colombia, quien dirigió una comisión anticorrupción respaldada por las Naciones Unidas que estuvo activa en Guatemala hasta 2019.

El anuncio, que está tensando las relaciones bilaterales entre Guatemala y Colombia, se produjo junto con varias órdenes de detención y cargos penales presentados contra antiguos fiscales y jueces que habían trabajado en la comisión anticorrupción.

Estos acontecimientos han renovado las preocupaciones sobre el debilitamiento de la democracia y el Estado de derecho en Guatemala, lo que ha provocado una oleada de condenas por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas. Los grupos defensores de derechos han criticado al gobierno de Guatemala por intimidar a varios funcionarios involucrados en la comisión anticorrupción; en los últimos dos años, más de 30 fiscales y jueces han huido del país para evitar sus detenciones.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió el martes 17 de enero al ministro de Defensa, Iván Velásquez, y afirmó que la “cordura en política significa luchar contra la corrupción”.

“Quienes permiten que la mafia se apodere del Estado solo conducen a la sociedad a al genocidio”, escribió Petro en Twitter, un dardo claramente dirigido hacia el presidente de Guatemala.

La tensión diplomática actual comenzó el lunes 16 de enero, cuando el fiscal Rafael Curruchiche, actual jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala, declaró que su equipo iba a emprender “acciones legales” contra Velásquez por “actos ilegales, arbitrarios y abusivos” cuando dirigió la comisión anticorrupción.

Las acusaciones giran en torno a acuerdos que exfuncionarios guatemaltecos intentaron negociar con Velásquez para compartir información sobre casos de corrupción a cambio de sentencias reducidas, un proceso bastante usual empleado por los fiscales en casos legales en todo el mundo.

Velásquez desestimó la investigación sobre su trabajo y la calificó como una represalia de aquellos que estuvieron bajo la lupa de su comisión.

“Conocemos al monstruo, lo hemos visto muy de cerca y, desde diferentes trincheras, lo hemos combatido. Sabemos cómo se transforma y los métodos que utiliza, pero no nos atemoriza”, escribió Velásquez el martes en Twitter sobre las acusaciones emitidas por Curruchiche y el gobierno guatemalteco.

Desde 2013 hasta 2019, Velásquez dirigió la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la cual trabajó junto a la oficina de la fiscalía general de Guatemala para combatir la corrupción. El órgano respaldado por la ONU atrajo la atención mundial en 2015 por sus investigaciones a altos funcionarios guatemaltecos, entre ellos el presidente del país en ese momento, Otto Pérez Molina, quien renunció y fue posteriormente detenido.

Pero en 2o18, el entonces presidente de Guatemala, Jimmy Morales, expulsó a Velásquez de Guatemala. Al año siguiente, eliminó la comisión anticorrupción.

El lunes de la semana pasada, Curruchiche también anunció varias órdenes de arresto contra exinvestigadores que habían trabajado con la comisión anticorrupción, entre ellos Thelma Aldana, ex fiscala general de Guatemala.

Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, denunció las recientes medidas del gobierno de Guatemala, y tuiteó el 17 de enero que estaba “perturbado” por las órdenes de arresto.

“Este tipo de acciones debilitan el Estado de derecho y la confianza en el sistema judicial de Guatemala”, escribió Nichols.

El año pasado, Curruchiche fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos y acusado de haber “participado conscientemente en actos que amenazan los procesos o instituciones democráticas, haber formado parte de actos significativos de corrupción, o haber obstruido investigaciones”.

Curruchiche tiene prohibida la entrada a Estados Unidos.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, le dijo el viernes 20 de enero a una estación de radio colombiana que “las diferencias entre los países, siempre lo hemos dicho, se tienen que resolver por la vía diplomática”. El presidente sugirió que su gobierno iba a investigar a Velásquez pero no lo iba a enjuiciar debido a la inmunidad diplomática que lo protege.

Giammattei terminó la entrevista de manera abrupta cuando se le preguntó sobre las sanciones que el gobierno estadounidense le había impuesto a Curruchiche el año pasado.

“Le dije que ese tema ya no lo iba a tocar más”, le dijo Giammattei al periodista, poco antes de colgar el teléfono.

Ampliando su campaña contra la disidencia, los funcionarios guatemaltecos presentaron el jueves 19 de enero varios cargos contra los abogados que representan a José Rubén Zamora, un periodista que ha cubierto extensamente las denuncias de corrupción que involucran a Giammattei. Al momento de su detención, Zamora también era presidente de uno de los principales diarios del país, elPeriódico.

Cuando las autoridades gubernamentales detuvieron a Zamora el año pasado, también allanaron las oficinas del diario. Zamora fue acusado de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. Sus abogados han negado esas acusaciones.

Genevieve Glatsky colaboró en este reportaje.

Maria Abi-Habib es corresponsal de investigación con sede en Ciudad de México y cubre América Latina. Anteriormente ha reportado desde Afganistán, todo Medio Oriente e India, donde cubrió el sur de Asia. @abihabib