Los hondureños buscan un alivio de la desesperación en unas elecciones con repercusiones para EE. UU.
Tegucigalpa, HONDURAS — Los hondureños votaron hoy en unas elecciones generales tensas, cuyas repercusiones podrían ir mucho más allá del país centroamericano.
Para la oposición, las elecciones representan una oportunidad de restablecer el Estado de derecho tras ocho años de desmantelamiento sistemático de las instituciones democráticas por parte del presidente saliente, Juan Orlando Hernández.
Pero lo que está en juego es aún más importante para los dirigentes del partido en el poder. Si pierden las protecciones que les da estar en el cargo, podrían enfrentar cargos de corrupción y tráfico de drogas en investigaciones realizadas por fiscales de Estados Unidos y Honduras.
Washington también está muy atento a las elecciones.
Después de haber convertido a Centroamérica en una prioridad de la política exterior, el gobierno de Joe Biden no ha podido frenar la ola de autoritarismo y corrupción en la región. El malestar económico y político del país, así como la violencia crónica, están haciendo que los hondureños se unan a las decenas de miles de centroamericanos que llegan cada mes a la frontera sur de Estados Unidos, lo que provoca ataques de los republicanos y puede perjudicar las posibilidades de los demócratas en las próximas elecciones intermedias.
Las encuestas muestran una reñida contienda entre el candidato del gobernante Partido Nacional, Nasry Asfura, el carismático alcalde de la capital, Tegucigalpa; y Xiomara Castro, la esposa de Manuel Zelaya, un expresidente de izquierda que fue depuesto en un golpe de Estado en 2009. Ambos candidatos prometen, de manera diferente, una ruptura con el gobierno tan impopular de Hernández.
Para ambas partes, las elecciones son una batalla decisiva por el destino del país. Pero las perspectivas de cambio radical son escasas: los principales partidos de Honduras han sido acusados de corrupción o de tener vínculos con la delincuencia organizada.
“En el mejor de los casos, se obtendrá un resultado que no será espectacular”, dijo Daniel Restrepo, miembro del Centro para el Progreso Estadounidense, un grupo de expertos de Washington D. C., quien fue asesor principal sobre Latinoamérica durante la presidencia de Barack Obama. “La esperanza es inyectarle más legitimidad al sistema”.
Un gobierno más receptivo con un fuerte mandato popular, agregó, también podría ayudar a frenar la migración.
“Si la gente cree que su voz no es escuchada, es más probable que se vaya”, dijo.
Un nuevo presidente elegido de manera legítima podría proporcionar al gobierno de Biden un socio muy necesario en una región cuyos líderes desafían cada vez más la influencia económica y política de Washington.
Los gobiernos de las tres naciones vecinas de Honduras han desmantelado aún más los controles democráticos respaldados por Estados Unidos sobre su poder desde que el presidente Biden asumió el cargo, a pesar de la promesa de su gobierno de gastar 4000 millones de dólares para combatir la corrupción y la impunidad como dos de las causas fundamentales de la migración.
El presidente autoritario de Nicaragua, Daniel Ortega, encarceló a todos los candidatos creíbles de la oposición que podrían haberlo desafiado, lo que le permitió ganar un cuarto mandato consecutivo casi sin oposición en las elecciones de este mes.
En Guatemala, el gobierno disolvió un organismo de investigación anticorrupción y arrestó a algunos de sus fiscales después de que empezaran a investigar las acusaciones de soborno que implicaban al presidente Alejandro Giammattei.
Y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está silenciando las voces independientes y desafiando de manera abierta a Estados Unidos a medida que se hace de más poder, lo cual motivó al principal diplomático de Washington a abandonar el país este mes por falta de cooperación del gobierno salvadoreño.
En Honduras, los fiscales estadounidenses y hondureños acusan a Hernández de crear un sistema de corrupción generalizado que permite a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas penetrar en todos los niveles de su gobierno. Su hermano, Tony Hernández, cumple una cadena perpetua en Estados Unidos por ayudar a enviar toneladas de cocaína, en un caso en el que también se ha nombrado al presidente como cómplice.
El presidente Hernández negó todas las acusaciones en su contra y no ha sido acusado de cometer ningún delito.
